Tercer sector: reinventarse o morir

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Año tras año, elaborar un presupuesto retador se vuelve una actividad frustrante para los directivos de las Organizaciones sin fines de lucro, dado que la situación económica del país y la falta de incentivos reales para que las empresas o las personas le donen a una institución del tercer sector, provocan que cada día cuenten con menos oportunidades de obtener donativos. Lo anterior aunado a que los métodos más innovadores para otorgar donativos, utilizados por los jugadores relevantes del sector, complican el acceso a los mismos para los proyectos jóvenes o que están en busca de una primera oportunidad, ya que dichos mecanismos privilegian la capacidad recaudatoria, financiera o administrativa.

Otro factor que inhibe el desarrollo de las instituciones sociales, es la percepción de que no contar con fines de lucro es sinónimo de que los servicios deberían ser gratuitos o que sólo pueden recibir ingresos de donativos. Dentro del sector social, existen modelos de atención a los que la sociedad típicamente les ha permitido recibir cuotas de recuperación sin ser mal vistos, como en los casos de instituciones de asistencia social que brindan servicios médicos. En el caso de organizaciones que encuentran en estudiantes, población marginada, entre otros, a sus grupos de atención, se les ve mal cuando tratan de implementar algún mecanismo de recuperación económica, y esto mismo ocurre cuando, a consideración de la comunidad, los servicios que prestan no se perciben tangibles.

Cuando analizamos estas situaciones, podemos percibir que el sector social se encuentra en épocas difíciles, y eso que aún no consideramos el trato tributario que recibe. Los mitos urbanos dicen que dirigir una donataria es un gran negocio, puesto que trabajan con los impuestos que no quieren pagar las empresas; percepción que no puede estar más alejada de la realidad. Sin ser esto un trabajo especializado en aspectos fiscales de las entidades no contribuyentes del ISR, vale la pena reflexionar tres puntos: (1) la posibilidad de deducción para los donantes es del 7% de la utilidad fiscal de su último ejercicio, razón por la cual las empresas que donan, de todos modos pagan impuestos, además de que el trato es de deducción, no de compensación, (2) las OSC al no ser contribuyentes del ISR y trasladar IVA, tampoco pueden acreditar el IVA pagado, viéndose obligados siempre a una tasa real del 16%, lo que muchas empresas jamás pagarán al contar con esquemas de planeación fiscal muy sofisticados, y (3) en caso de contar con gastos que no cumplieron con los requisitos, de forma, necesarios para deducirlos, tributan en 35% por esas cantidades.

En la reforma del año 2016 a la Ley del ISR, algunas instituciones creyeron ver una luz al fondo del camino cuando se incorporó la posibilidad de calificar a las organizaciones de manera voluntaria, pudiendo así hacerse acreedor a beneficios fiscales por obtener una calificación positiva. A inicios de año comenzó la discusión de la ley secundaria y con ella se fueron diluyendo las esperanzas de que en dicho cuerpo normativo se encontraran mecanismos que fortalecieran la capacidad financiera de las instituciones.

Pinta difícil que en los próximos años se dé un cambio radical en el entorno normativo y social, que permita al sector de las organizaciones sin fines de lucro contar con fortaleza financiera y administrativa.

El cambio debe venir por parte de los mismos emprendedores sociales, quienes deben buscar modelos de atención, que a su vez puedan resultar modelos de negocio sustentables, dejando de un lado la dependencia de los apoyos públicos y privados y todo ese discurso de gratuidad alrededor de una organización que no permite su pleno desarrollo.

Confío en que el camino de la iniciativa privada con sentido social será el camino que permita un desarrollo de la comunidad, y para tal efecto requerirá contar con mecanismos de inversión social que premien el emprendimiento, con la posibilidad de participación de capitales de riesgo y con modelos de atención, que sean atractivos para los beneficiarios, la comunidad y los gobiernos. [, que les permitan ser competitivos a la hora de la toma de decisiones de cada uno de ellos, sobre en que emplear su gasto.]

Los retos son grandes: (1) lograr modelos de atención, que además de impacto social, vengan acompañados de retornos de inversión, (2) romper el paradigma en la comunicación de los proyectos sociales, para que los beneficiarios de los mismos, estén dispuestos a pagar por ellos, y (3) convencer a los inversionistas del valor de aportar para proyectos sociales frente a otros que podrían brindarles mayores rendimientos en el corto plazo.

Hoy más que nunca, podría decir que la situación del sector social es de reinventarse o morir. Aquellas organizaciones, que a la fecha no han logrado despegar, no cuentan con el apoyo de los grandes corporativos o con una base de donantes relevante; verán el camino aún más complicado que en los últimos 20 años. Necesitarán reinventarse, o las veremos perecer.

 

 

 

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