Tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a varios productos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), vigilará que no haya un abuso en los precios de mercancía afectada por dicha imposición.
Productos derivados del cerdo, así como algunas frutas tales como las manzanas, verduras y queso, son algunos de los alimentos provenientes de Estados Unidos a los que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, ha impuesto arancel.
De acuerdo con una declaración publicada en el diario El Financiero, el titular de Profeco, Rogelio Cerda, señaló que su función en esta situación es supervisar y cerciorarse que no exista un abuso por parte de comerciantes, retailers y demás establecimientos, a propósito de los nuevos impuestos.
Indicó que, a pesar de las recientes medidas llevadas a cabo por Estados Unidos y México, en materia de comercio exterior, no debe representar un motivo para elevar los precios, sin previo aviso ni de forma indiscriminada.
De percatarse de abusos, alteraciones en precios y afectaciones al consumidor final, Cerda comentó que se actuará con rigor, tal como lo marca la ley.
Luego de que Donald Trump anunciara aranceles a materiales como el aluminio y acero, México no quiso quedarse atrás.
En respuesta a las acciones del gobierno estadounidense, en nuestro país se anunciaron impuestos a varillas, tubos y alambrón de entre 15 y 25 por ciento.
En cuanto a perecederos se refiere, también aplicaron esta medida. La carne de cerdo, arándanos, manzanas y papas tendrá un arancel de entre 20 y 25 por ciento.
De acuerdo con la última reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, efectuada el 11 de enero de 2018, dentro del Artículo 8 se manifiesta que la Profeco verificará que se respeten los precios máximos, previamente establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los dispuestos por autoridades competentes.
Así mismo en el artículo 10 queda estipulada la prohibición de actos en los que un proveedor de bienes o servicios aplique métodos o prácticas desleales en el abastecimiento de productos o servicios, sin que éstos hayan sido avalados por las dependencias correspondientes.
