Los avances tecnológicos nos han facilitado de manera considerable la vida, en varios aspectos. Por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, gracias al internet podemos estar conectados prácticamente todo el tiempo con otras personas, sin importar la distancia o el lugar desde donde decidamos charlar. Incluso varios aspectos gubernamentales han echado mano de la tecnología para eliminar trámites burocráticos. Sin embargo, este avance debe ir de la mano con las discusiones éticas y jurídicas sobre el manejo de la información de la población, para evitar que haya disparidades como paso con con el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se negó a dar los datos biométricos de más de 91 millones de votantes a la administración federal, según dio a conocer la propia institución.
La finalidad de gobierno federal de tener la información biométrica con la que cuenta instituciones autónomas como el INE es integrarla al Registro Nacional de Población (RENAPO, por su acrónimo) y que pueda ser utilizada para evitar el robo de identidad, a través de la creación de una cédula de identidad y un registro de menores de edad. Para este cometido, el gobierno federal buscará invertir 600.7 MDP, gasto que incluiría el desarrollo de un software, para resguardar y almacenar la información de las personas.
Marco Antonio Baños Martínez, consejero de INE y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) explicó que el instituto tuvo que rechazar la solicitud realizada por la Secretaría de Gobernación. debido a que su solicitud está fuera de la ley. El funcionario comentó que al mantener separada la data de los votantes del gobierno en turno (sea del partido que fuere) garantiza que no se haga uso político de dichos datos.
Cabe destacar que el INE no se niega a colaborar con el gobierno federal, pero explica que hay condiciones y canales que se pueden usar para realizar el registro que se menciona. Entre los aspectos que se mencionan, está que se pueda generar un convenio de colaboración, en el cual se asegure que el instituto mantendría el control de los datos. De este modo se evitaría que las bases estuvieran duplicadas, además de que también se podría usar el software y la tecnología con la que ya cuenta el organismo.
De acuerdo con datos de El Universal, se estima que el 67 por ciento de los casos de robo de identidad de dan por la pérdida de documentos, seguido por el robo de carteras con un 63 por ciento y la captura directa de la información desde una tarjeta bancaria con un 53 por ciento.
La información generada en todo el mundo ha tenido un crecimiento exponencial: de 2010 a 2019, se pasaron de los 2 a los 41 zetabytes. Se espera que para el lapso que va del 2020 al 2025 esta cantidad aumente de los 50.5 a los 175 zetabytes, de acuerdo con datos de Statista.
