El outsoursing es una modelo de subcontratación al que muchas empresas están recurriendo, ya que implica una reducción de costos en la manufactura, además de permitir a la empresa un deslinde casi total de los empleados con el fin de enfocarse completamente en los negocios.
No obstante, y aunque este servicio se ha vuelto altamente demandado, existen outsoursings ilegales. Estas organizaciones, no cumplen con lo señalado en el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que establece normas especificas de seguridad y medio ambiente bajo las que debe estar acondicionado el lugar de trabajo.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señala que existen más de 900 empresas que ofrecen servicios de outsoursing en el país, reportando que solo el 2.1 por ciento cumple con las normas legales, mientras el resto viola los derechos laborales de los trabajadores con el objetivo de evadir impuestos (ISR), así como el pago de cuotas de seguro médico e Infonavit.
Las consecuencias legales que surgen de trabajar con outsoursings ilegales
Cuando la empresa de outsoursing que contrata una marca no cuenta con las garantías de seguridad y protección al empleado que ordena la ley, la entidad que queda a cargo de los contratados será la marca, que después de asumir la responsabilidad, deberá también asumir una serie de consecuencias jurídicas. Algunas de ellas son las siguientes:
- Abuso del régimen de subcontratación
Tal como lo establece el Artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, recurrir a una empresa ilegal de subcontratación es una acción dolosa y delictiva, por la que habría que liquidar una multa que va desde los 250 y hasta los 5 mil salarios mínimos (de 20,150 a 403 mil pesos mexicanos).
- Defraudación fiscal
Las empresas suelen contratar agencias de outsoursing con el fin de evadir impuestos por retención de salarios (ISR), un delito categorizado como Defraudación fiscal y para el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece diferentes penalizaciones.
