En México, las agencias de marketing BTL son un componente estratégico de importantes industrias como alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas, automotriz, tecnología, farmacéutica, retail y entretenimiento, entre otros.
De acuerdo con el Estudio Anual de Inversión en BTL 2019 del Departamento de Investigación de InformaBTL, la inversión destinada para campañas BTL en 2019 alcanzó los 58 mil 181 millones de pesos, una cifra superior al año anterior que registró 55 mil 291 millones de pesos. Las campañas BTL son clave en la comercialización de marcas en el mercado mexicano a través de acciones como activaciones, eventos, promociones y outdoor, por mencionar algunos.
Una de las estrategias en las agencias, no exclusivo de las firmas dedicadas a actividades BTL, es el uso de servicios subcontratados, es decir, empresas que prestan servicios para realizar dichos esfuerzos de mercadotecnia como la colocación de stands, promotoría, eventos, campañas digitales, entre otros. El Departamento de Investigación de InformaBTL señala que las activaciones es el servicio que las agencias subcontratan más en México, se estima que el 12.8 por ciento de estos esfuerzos de marketing se trabajan bajo la tercerización o outsourcing.
Esto es ocasionado por los principales problemas que aquejan a las agencias BTL del país, desde presupuestos bajos (33 por ciento), financiamiento (26.6 por ciento), competencia desleal (19.3 por ciento), economía (10.1 por ciento), cuentas incobrables (4.6 por ciento), inseguridad (0.9 por ciento), entre otras problemáticas.
Este miércoles el procurador fiscal, Carlos Romero, informó que la nueva ley va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que outsourcing ilegal. Es un momento clave para que las agencias BTL del país evalúen si sus proveedores de servicios operan conforme a la ley, porque las empresas que adquieran servicios derivados de “outsourcing ilegal” serán investigadas y sancionadas con hasta 20 años de carcel.
La medida se toma para castigar a las empresas que operan bajo outsourcing ilegal, “porque su objeto es no pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros”, afirmó Carlos Romero.
Datos de la administración de Gobierno actual, indican que en diciembre pasado 380 mil trabajadores fueron despedidos por diversas empresas para no pagar sus prestaciones de fin de año. Hasta el momento, el Gobierno tiene detectadas más de 14 mil empresas que realizan esta práctica desleal.
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