El empleo por subcontratación a través del cual 4.7 millones de mexicanos han prestado servicios en los últimos diez años, según estimaciones del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) llegó a su fin en nuestro país. Hace apenas unos días empresarios y sindicatos acordaron con el gobierno de México destrabar reformas a la ley para regular el outsourcing y prohibir la subcontratación, esta iniciativa llegó a la Cámara de Diputados donde fue aprobada y turnada al Senado, hoy con 118 votos a favor y 2 abstenciones se avala.
De acuerdo esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing solo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las actividades empresariales esenciales y permanentes. Las obligaciones fiscales de las empresas se reconocerán y queda prohibido que le gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista este registrado.
Esta iniciativa le dice adiós a las empresas intermediarias o agencias de empleo que no tienen la calidad de patrones. Infringir esta ley podría implicar multas de hasta 4.3 millones de pesos y hasta nueve años de cárcel para aquellos que conserven esta práctica de forma indebida. Quienes prestan servicio de subcontratación tendrán 90 días naturales para registrarse ante la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social). El acuerdo propone modificaciones al artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores reciban 57 días de salario por concepto de utilidades.
“La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.
En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu por el PRI advirtió que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.
¿Qué modifica la regulación del ‘Outsourcing’?
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos Segunda modificaron los siguientes dictámenes en relación a la subcontratación laboral:
- Ley Federal del Trabajo
- Ley del Seguro Social
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
- Código Fiscal de la Federación
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Ley Federal de los Trabajadores al Servidor del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución
- Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución
Claves para comprender la constitución de esta reforma
- Se prohibe la subcontratación. Es decir, cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
- Puestos especializados. Podrán contratarse a través de un tercero, siempre y cuando no formen parte del objeto social, ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. Esto significa que, por ejemplo, un fabricante automotriz no puede subcontratar a alguien para las labores de manufactura en planta.
- De outsourcing a agencias de empleo. Las empresas de outsourcing ya solo podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación del personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
- Registro ante la autoridad laboral. El contratista tendrá que registrarse en un padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tiene tres meses para obtener el registro, que deberá renovarse cada tres años, mientras que las empresas deben incluir en su nómina a las empleados subcontratados, respetando su antigüedad.
- Las reglas del juego. La STPS tendrá 30 días para publicar las reglas que seguirán las empresas de subcontratación que busquen registrarse.
- Reportes al Infonavit. Cada cuatro meses, las empresas registradas deberán reportar al Infonavit sobre los contratos de los trabajadores y la determinación del salario base.
- Los deducibles. Solo serán deducibles los pagos de subcontratación que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
- Reparto de utilidades. El tope será de tres meses del salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto. Los trabajadores podrán obtener un incremento de hasta 156%, sin embargo, habrá empresas que no soporten este incremento en sus gastos.
- Multas y castigos. Quien realice y preste servicios de subcontratación sin contar con el registro ante la STPS recibirá una multa de 2,000 a 5,000 UMA (Unidad de Medida y Actualización), esto es, de 179,240 a 50,000 pesos. Asimismo, la simulación de la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas será considerada como defraudación fiscal.
- Solidarios responsables. Las empresas que subcontraten serán solidarias responsables, en caso de que la empresa contratante no cumpla con sus obligaciones patronales.
Esta reforma podría tener efectos colaterales
Como ya lo mencionamos los ejes de esta reforma son regular el outsourcing y evitar la evasión fiscal pero algunos especialistas refieren que limitar el esquema, en medio de la crisis económica que derivó la pandemia por Covid 19, incrementará el desempleo o alentará la informalidad.
“No creemos que esta reforma proteja y fomente la generación de empleo formal, tampoco que se enfoque en acabar con las malas prácticas que giran en torno a esta figura, pues la iniciativa no atiende esquemas y modus operandi de sindicatos y cooperativas”, opina Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que representa a las empresas de outsourcing en el país.
Por su parte ManpowerGroup, había pronosticado que en caso de prohibir el outsourcing en México, 3 millones 220 mil personas pasarían a la informalidad. “Lo que podría ocurrir es que habrá algunos sectores que van a ir más a la informalidad si se recurre a la prohibición. Por ejemplo, (…) muchas empresas grandes, podrían tener más trabajadores de planta; pero, en el campo se presentaría lo contrario”, advirtió Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de la empresa.
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