Comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda, aprobaron el dictamen para extender un mes más, es decir, hasta el 1º de septiembre, la entrada en vigor de la reforma que regula el outsourcing y que ordena a empresarios otorgar base y prestaciones a todos sus trabajadores.
Tras dos horas de debate, el dictamen recibió 43 votos a favor de Morena, PT y PES; 12 en contra del PAN, PRI, PRD y MC y una abstención. Toma relevancia que se rechazó el proyecto de modificación presentado por la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), que solicitaba una prórroga extendida por cinco meses, es decir, hasta el 1º de enero, que iniciara el año fiscal.
“Podemos votar el dictamen que proponen y nos ganan y va a ser un mes, pero de poco va a servir en la práctica a las empresas de los trabajadores; yo lo que creo es que se les debe dar tiempo a las empresas y a los trabajadores para acomodarse a esta nueva modalidad de la subcontratación, porque, pues ya se vio que no les ha alcanzado para que las empresas se acomoden a la reforma”, puntualizó la legisladora panista Silvia Garza.
Por su parte, diputado por el PRI Fernando Galindo consideró que un solo mes de prorroga no va a resolver el problema y advirtió, además, que está en juego el empleo de más de tres millones de trabajadores. Y es que según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la fecha solo 2 millones 300 mil trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.
Lo que sigue es que esta tarde se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de las minutas de la apertura del periodo ordinario de sesiones. En caso de ser avalada se enviará al Senado de la República para su debate y aprobación.
De no cumplir con esta ley de outsourcing en el plazo definido, ¿qué ocurrirá?
Las modificaciones promulgadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que contemplan las reformas a la Ley Federal del Trabajo, imponen multas de hasta 4 millones 481 mil pesos para quien se beneficie de la subcontratación de personal, el equivalente a 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs) a quien realice outsourcing de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, “sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable”.
Además de cambios al Código Fiscal de la Federación para considerar esta figura como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.
