Hace unos días causó gran polémica que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalara a Walmart y Bimbo de ampararse en contra de su reforma eléctrica, hechos que calificaron como “un descaro”. No obstante acusó a la cadena comercial OXXO de pagar menos luz que una familia de clase media, a lo que la marca respondió con las tarifas con las que cumple. Hoy salen a la luz más empresas que expiden amparos.
En el Poder Judicial se calcula que más de 300 empresas ya buscan amparos contra las reformas a la Ley de Industria Eléctrica (LIE), y el número podría crecer en las próximas semanas. En junio del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó incrementos de hasta 775% en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, surgiendo así el llamado “electrolinazo”.
Además, entre otros cargos, la CFE aumenta considerablemente el precio de transmisión para energías renovables bajo el modelo de autoabastecimiento, que impacta de manera directa a las grandes empresas mexicanas que están migrando hacia un modelo “verde” de producción.
¿Qué compañías ya cuentan con amparos?
En el orden en que se han revelado, la cadena minorista Walmart México fue de las primeras en expedir este requerimiento, de acuerdo con su Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2020 , el año pasado la compañía alcanzó 63 por ciento del consumo total de energía proveniente de fuentes sustentables. Con ello, hubo una reducción de 2.8 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al año anterior.
Por su parte, Grupo Bimbo, también es otra de las empresas a las que ya les fue otorgado este amparo, la panificadora reporta al cierre de 2020 que el 80 por ciento de la energía eléctrica consumida por la empresa ya provenía de fuentes limpias, contribuyendo de manera decidida al cuidado del medio ambiente, equivalente a reducir la emisión de cerca de 400 mil toneladas de CO2.
Hoy se conocen nuevos nombres: Nissan, Coppel, Sanborns (de Slim), La Moderna, BioPappel y Scribe, quien presentaron amparos, los cuales fueron concedidos, y por ende, el decreto fue declarado suspendido e inconstitucional por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en Competencia Económica.
Cabe destacar que dichas reformas entraron en vigor el pasado 10 de marzo y fueron congeladas un día después, suspendiendo de forma general sus efectos y consecuencias, por lo que continúa vigente la versión anterior de la ley.
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